Políticas de asilo en México y Estados Unidos. Un análisis comparado desde la perspectiva de derechos humanos 2017-2025

Abstract

México y Estados Unidos han reconocido y asumido obligaciones internacionales en materia de asilo. Sin embargo, entre 2017 y 2025 ambos Estados han implementado políticas y medidas que han restringido progresivamente el acceso a la protección internacional. Esta investigación analiza la brecha entre el reconocimiento normativo del derecho al asilo y su ejercicio efectivo, preguntándose de qué manera las obligaciones internacionales y la relación bilateral entre ambos países condicionan su implementación. En particular, examina el papel de la soberanía estatal, las dinámicas de la relación bilateral y su incidencia en el acceso a la protección internacional. El estudio adopta un enfoque cualitativo y un diseño comparado de estudio de caso. Su eje metodológico es el desempaque de los derechos humanos propuesto por Serrano y Vázquez (2021), mediante el cual el derecho al asilo se desagrega en distintos componentes para identificar las obligaciones estatales de respetar, proteger, promover y garantizar. El análisis combina la revisión de tratados internacionales, legislación nacional, observaciones de órganos de derechos humanos y reportes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil con 6 entrevistas semiestructuradas realizadas a personal de 2 clínicas jurídicas que acompañan a personas solicitantes de asilo: la clínica jurídica de FM4 Paso Libre, en Guadalajara, Jalisco, y la Loyola Immigrant Justice Clinic en el sur de California. Los hallazgos muestran que las restricciones al derecho al asilo en ambos países no pueden explicarse únicamente por fallas administrativas o deficiencias institucionales aisladas. Por el contrario, responden a una arquitectura de contención migratoria que opera de manera articulada en los ámbitos jurídicos, institucional y social. En esta dinámica, Estados Unidos desarrolla e implementa mecanismos de externalización y contención, como el Título 42, el Protocolo de Atención a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), CBP One y los Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo, mientras que México asume de manera significativa los costos humanitarios y operativos derivados de su implementación. Esta distribución asimétrica de responsabilidades contribuye a que ambos Estados incumplan en distinta medida sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho al asilo. En este sentido, la investigación sostiene que las asimetrías en la relación bilateral México-Estados Unidos constituyen un factor determinante para comprender las barreras que enfrentan las personas solicitantes de asilo y la brecha existente entre las obligaciones internacionales asumidas por ambos Estados. Del mismo modo, el análisis permite identificar la externalización fronteriza y la cooperación bilateral como espacios en los que se redistribuyen responsabilidades y costos con efectos directos sobre las personas que buscan protección internacional.